Comunicado 002
LA RED NACIONAL POR LA DEFENSA DE LA REFORMA AGRARIA CELEBRA LA RADICACIÓN DEL PROYECTO DE LEY ORDINARIA DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA Y RURAL
La Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria celebra la radicación del proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural por parte de la bancada del Pacto Histórico al inicio de la nueva legislatura. Este paso representa una oportunidad para culminar el desarrollo normativo de una de las reformas institucionales más importantes para el campo colombiano y para la implementación de la Reforma Rural Integral prevista en el Acuerdo Final de Paz.
La radicación del proyecto coincide con una fecha de enorme significado: el próximo 24 de julio se cumplen tres años de la expedición del Acto Legislativo 03 de 2023, mediante el cual se creó la Jurisdicción Agraria y Rural como una jurisdicción especializada encargada de resolver los conflictos sobre la tierra y garantizar el acceso efectivo a la justicia para las comunidades rurales.
Durante los últimos dos años, el Congreso anterior se negó a discutir y aprobar la ley ordinaria que define las competencias y el funcionamiento de esta jurisdicción. Ello obedeció, en buena medida, a que el debate fue reemplazado por campañas de desinformación y por narrativas que pretendieron sembrar temor sobre los alcances de la iniciativa.
Diversos sectores que históricamente se han opuesto a la reforma agraria obstaculizaron una discusión técnica y rigurosa, difundiendo interpretaciones erróneas que desconocen que Colombia cuenta con un régimen jurídico agrario construido durante más de un siglo y que la nueva jurisdicción no crea derechos de propiedad ni expropia predios, sino que establece jueces especializados para resolver conflictos agrarios con mayores garantías de conocimiento, especialidad y seguridad jurídica.
La Jurisdicción Agraria y Rural constituye una herramienta indispensable para proteger los derechos de quienes acceden a la tierra a través de la reforma agraria, resolver controversias derivadas de la propiedad y la posesión rural, brindar seguridad jurídica a campesinos, comunidades étnicas y demás actores del campo, así como garantizar el cumplimiento de la función social y ecológica de la propiedad prevista en la Constitución Política. Asimismo, permitirá fortalecer la protección del patrimonio público representado en los bienes baldíos y demás tierras de la Nación.
Con el inicio de la nueva legislatura, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República para que el debate sobre este proyecto se desarrolle con altura, rigor jurídico y responsabilidad democrática.
Colombia necesita una discusión basada en evidencia, en el contenido real del proyecto y en los principios constitucionales que orientan el ordenamiento agrario, dejando atrás los sectarismos políticos y la generación de pánicos infundados alrededor de una iniciativa que busca garantizar el acceso efectivo a la justicia de millones de habitantes rurales.
La transformación del campo requiere instituciones judiciales capaces de proteger los derechos de los beneficiarios de la reforma agraria, resolver oportunamente los conflictos territoriales, brindar seguridad jurídica a todos los actores rurales y hacer efectivos los mandatos constitucionales relacionados con la propiedad rural.
Finalmente, hacemos un llamado a la sociedad colombiana a mantenerse vigilante frente a los intentos de sabotear la implementación de esta jurisdicción. La persistencia de amenazas, la violencia contra líderes y lideresas rurales y las acciones de quienes buscan impedir una distribución más equitativa de la tierra demuestran que la democratización del acceso a la justicia sigue siendo una tarea pendiente. La consolidación de la Jurisdicción Agraria y Rural constituye una garantía para la paz, la protección de los derechos humanos y la construcción de un campo más justo, democrático y respetuoso del Estado Social de Derecho.
La justicia agraria no es una concesión política ni una amenaza para la propiedad legítimamente adquirida. Es un mandato constitucional, una deuda histórica con el campesinado y una condición indispensable para que los conflictos sobre la tierra se resuelvan mediante el derecho y no mediante la violencia.
