CongresoBoletín Agrario 007 · 22 de septiembre de 2026
El Congreso activa la defensa de la Reforma Agraria
El Congreso instaló la Comisión Accidental por la Defensa de la Reforma Agraria y el Campesinado, un espacio que hará seguimiento a la política agraria, ejercerá control político frente a los anunciados retrocesos y articulará acciones con organizaciones campesinas, indígenas, étnicas y rurales. Entre sus prioridades estará la vigilancia sobre tierras, Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPAs), Zonas de Reserva Campesina, Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y demás territorialidades rurales. Este espacio contó con la participación de más de 30 congresistas, organizaciones campesinas e indígenas y equipos técnicos.
Durante la instalación también fue presentada la Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria, que acompañará técnica y jurídicamente a la Comisión. Como primera herramienta puso a disposición de los congresistas la herramienta de Radar Agrario, diseñado para detectar oportunamente retrocesos, producir información pública y verificable y fortalecer la acción jurídica, política y social en defensa de las conquistas de la Reforma Agraria.
El Niño pone en riesgo 8,46 millones de toneladas de alimentos en Colombia
¿QUÉ HICIMOS?
El primer análisis público de Radar Agrario cruza, municipio por municipio y cultivo por cultivo, el pronóstico climático de El Niño 2026-2027 con la producción agrícola registrada en Colombia. En RADAR Agrario cruzamos los pronósticos estacionales de precipitación del IDEAM para 1.114 municipios con las Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) y los calendarios de siembra de la UPRA, para calcular cuánta comida está en riesgo, dónde y en qué mes. El resultado es un instrumento interactivo de acceso público y un análisis descargable alojado en nuestra página web con los principales hallazgos y exigencias.
Te invitamos a visitar el informe completo en nuestra página: www.redagrariacolombia.com/fenomeno-del-nino
HALLAZGOS PRINCIPALES
El panorama nacional
Entre septiembre de 2026 y julio de 2027 la posible afectación podría equivaler a 1.598.691 hectáreas de cultivos, de las cuales 1.003.424 corresponden a alimentos — cerca de 8,46 millones de toneladas en más de 1.000 municipios.
El mapa municipio por municipio se puede consultar en el instrumento interactivo: https://www.redagrariacolombia.com/fenomeno-del-nino-mapa
| Cadena | Toneladas | Ha afectadas equiv. | % del área | Municipios |
|---|---|---|---|---|
| Plátano | 1.471.628 | 135.857 | 31 % | 813 |
| Papa | 1.410.746 | 118.116 | 35 % | 296 |
| Banano | 825.811 | 32.683 | 34 % | 286 |
| Yuca | 809.022 | 88.336 | 22 % | 801 |
| Maíz | 462.164 | 227.699 | 26 % | 919 |
| Aguacate | 400.760 | 37.511 | 33 % | 604 |
| Arroz | 357.634 | 115.823 | 10 % | 296 |
| Piña | 337.535 | 7.870 | 33 % | 215 |
| Tomate | 309.266 | 8.814 | 27 % | 482 |
| Naranja | 256.908 | 15.523 | 38 % | 436 |
| Ñame | 194.019 | 18.972 | 25 % | 123 |
| Limón | 172.175 | 12.503 | 30 % | 543 |
| Mango | 149.939 | 14.131 | 39 % | 263 |
| Cebolla de rama | 130.735 | 8.275 | 29 % | 165 |
| Zanahoria | 82.205 | 5.704 | 29 % | 109 |
| Cebolla de bulbo | 76.316 | 6.783 | 24 % | 127 |
Fuente: cruce de pronósticos IDEAM, Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) y calendarios de siembra UPRA. Elaboración propia, RADAR Agrario.
EL PRESUPUESTO NO ESTÁ A LA ALTURA DE EL NIÑO
Mientras el análisis identifica 1.003.424 hectáreas de alimentos en riesgo, el trámite del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 no refleja esa alerta:
- En el proyecto de Presupuesto General de la Nación no existe una partida específica, identificable y con nombre, código y monto propio para atender el impacto agroalimentario de la sequía.
- Para 2027 el presupuesto agropecuario se recortaría hasta en un 30 %, justo cuando el riesgo climático aumenta.
- La subcuenta «Fenómeno del Niño 2026-2027» no tiene asignación efectiva ni reporte mensual por municipio o instrumento.
- No se han dispuesto recursos para compras públicas anticipadas ni para fortalecer los mecanismos de aseguramiento de siembras y cultivos para las comunidades campesinas.
QUÉ EXIGIMOS
Nueve puntos concretos, verificables y con fecha, dirigidos al Gobierno nacional:
- Crear en el Presupuesto General de la Nación de 2027 una partida específica, identificable y protegida para el impacto agroalimentario de la sequía, con nombre, código y monto.
- Revertir el recorte agropecuario en el trámite del PGN 2027 y explicar técnicamente cómo se atenderá con menos recursos un impacto de 8,46 millones de toneladas.
- Que la subcuenta «Fenómeno del Niño 2026-2027» reciba una asignación efectiva —no solo la facultad de recibirla— con reporte mensual por municipio y por instrumento.
- Un plan nacional de manejo de suelos agrícolas, con recursos para proteger coberturas y restaurar la capacidad agrológica.
- Que el Puesto de Mando Unificado Sectorial publique boletines públicos y que las mesas agroclimáticas incluyan a organizaciones campesinas y gremios, no solo al Estado.
- Un protocolo público de asignación de agua entre uso agrícola, humano y eléctrico para el estiaje de diciembre de 2026 y enero de 2027, antes de que el conflicto se presente.
- Activar compras públicas anticipadas y gestión de reservas para el periodo de febrero a mayo de 2027, cuando el desabastecimiento golpee al consumidor.
- Un programa específico para la caficultura, hoy ausente del paquete anticipatorio, cuyo pico de afectación cae en mayo de 2027, fuera de toda la planeación vigente.
ENTRA, REVISA Y DIFUNDE
La fuerza de esta exigencia está en que cualquiera pueda verificarla. Por eso ponemos todo a disposición:
- Descarga y comparte esta cartilla completa con tu red, tu organización o tu representante político.
- Entra al instrumento interactivo: consulta el pronóstico mes a mes y explora el riesgo municipio por municipio y cultivo por cultivo.
- Úsalo para construir tus propias exigencias locales — los datos están abiertos para gremios, alcaldías y organizaciones campesinas.
→ Entrar al instrumento interactivo de riesgo alimentario: https://www.redagrariacolombia.com/fenomeno-del-nino-mapa
ALERTA AGRARIA
Una decisión judicial desconoce la enajenación temprana y pone en riesgo tierras destinadas a la Reforma Agraria
Una reciente decisión del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Nueva Granada (Magdalena) ordenó a la Sociedad de Activos Especiales —SAE— y a la Agencia Nacional de Tierras —ANT— dejar sin efectos las actuaciones de enajenación temprana, transferencia y adjudicación de varios predios rurales sometidos a procesos de extinción de dominio vinculados a investigaciones por actividades ilícitas.
La decisión desconoce un supuesto constitucional y legal fundamental: mientras se define judicialmente la situación jurídica de los bienes, corresponde a la SAE administrarlos y la enajenación temprana es un mecanismo legal de administración que puede activarse antes de que exista una sentencia definitiva. Así lo reconoció expresamente la Corte Constitucional en la Sentencia C-357 de 2019, al declarar constitucional esta figura y precisar que la enajenación temprana no equivale a la extinción del dominio ni anticipa una decisión sobre la responsabilidad del afectado. La propia SAE explicó al juez que el mecanismo procede cuando existe una medida cautelar y se configura alguna de las causales legales, sin que sea necesario esperar una sentencia ejecutoriada.
Al impedir la aplicación del mecanismo precisamente porque aún no existe sentencia definitiva, la decisión judicial contradice el presupuesto mismo que hace posible la enajenación temprana y restringe las facultades de administración que el ordenamiento atribuye a la SAE sobre estos bienes.
La gravedad aumenta cuando se trata de tierras rurales necesarias para la reforma agraria. El Gobierno anterior utilizó este mecanismo para incorporar activos al Fondo de Tierras y avanzar en su destinación productiva al campesinado. Bloquear la administración y transferencia de estos predios significa mantener tierras vinculadas a procesos de extinción de dominio fuera de una política pública destinada a democratizar el acceso a la tierra y ponerla a producir.
La Constitución y la ley establecieron mecanismos de administración precisamente para evitar que estos bienes permanezcan improductivos durante años mientras se define judicialmente su situación jurídica. Mantenerlos indefinidamente en suspensión, sometidos a administraciones prolongadas e improductivas, termina favoreciendo a quienes pretenden conservar el control económico sobre bienes vinculados a actividades ilícitas y convierte la mora judicial en un incentivo para prolongar su aprovechamiento. Esto resulta particularmente grave cuando se trata de bienes adquiridos o utilizados en actividades como el narcotráfico o el paramilitarismo, pues la demora en la definición judicial puede terminar operando, en la práctica, en beneficio de quienes buscan preservar el dominio o aprovechamiento de estos activos.
La aplicación de la enajenación temprana no es una decisión sobre la culpabilidad de una persona ni una extinción anticipada del dominio. Es una herramienta de administración patrimonial que la jurisprudencia constitucional ya reconoció como válida y que, en el caso de los predios rurales, puede cumplir además una función esencial:
hacer efectivo el acceso a la tierra y poner activos improductivos al servicio de la reforma agraria y del campesinado.
