Dos iniciativas del Gobierno Nacional y de la bancada de gobierno en el Congreso ponen en riesgo la protección de los suelos estratégicos para la producción de alimentos.

Por un lado, el representante Daniel Felipe Briceño Montes impulsa un proyecto de ley que busca derogar el artículo 32 de la Ley 2294 de 2023 y eliminar del ordenamiento territorial las disposiciones que habilitan la creación de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA). Por otro, el Ministerio de Agricultura ha puesto a consideración un proyecto de resolución que pretende derogar las APPA declaradas en Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio, eliminando la protección de aproximadamente 15.800 hectáreas de suelos destinados a proteger la producción de alimentos.

Estas dos iniciativas deben generar una alerta pública: eliminar las APPA no es simplemente modificar una figura administrativa de ordenamiento territorial; significa debilitar una herramienta preventiva para proteger suelos de alta vocación agrícola frente a las crecientes presiones de urbanización, expansión inmobiliaria, infraestructura y otros usos no agropecuarios.

Las APPA cumplen una función que trasciende los límites de cada municipio: proteger el suelo que hoy produce alimentos y garantizar que pueda seguir haciéndolo en el futuro. Su delimitación parte de estudios técnicos de la UPRA y de procesos de coordinación con las entidades territoriales; no implica expropiar, modificar ni extinguir la propiedad privada, ni supone que todo el territorio municipal quede sometido a esta figura. Tampoco impide el desarrollo de las actividades agrícolas propias de estos territorios. Por el contrario, busca reconocer y proteger las áreas donde existe producción agropecuaria y presencia campesina frente a transformaciones que pueden resultar irreversibles.

La pérdida de estos suelos no debe analizarse únicamente desde el valor inmobiliario o las posibilidades de explotación económica: también tiene consecuencias sobre la seguridad alimentaria, el agua, el suelo, los ecosistemas, la conectividad ecológica y la capacidad del territorio para enfrentar el cambio climático. La propia exposición de motivos del proyecto de ley reconoce que la eliminación de estas determinantes tendría efectos sobre actividades como la minería, el comercio y la industria que, bajo las disposiciones constitucionales, no son actividades llamadas a prevalecer sobre la función social y ecológica de los suelos agrarios y menos en un contexto de creciente desertificación de los suelos y de pérdida de soberanía para la producción de alimentos.

En cuanto a la propuesta de derogatoria de las resoluciones que declararon las APPA en cinco municipios de Sabana Centro va en contravía de los avances en el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia del Río Bogotá, que estableció una serie de medidas para la recuperación y protección de la cuenca hidrográfica del río Bogotá, a través de acciones de promoción, buenas prácticas agropecuarias, protección de los recursos naturales, incluyendo el suelo y el adecuado ordenamiento rural y productivo.

Dicha sentencia establece la necesidad de salvaguardar a la población rural en conjunto con los ecosistemas presentes bajo el principio de colaboración armónica, reflejada en instrumentos de planeación y regulación de los usos del suelo que permitan garantizar la protección y permanencia de las actividades agropecuarias sostenibles.

Desde la Red hacemos un llamado a la ciudadanía a involucrarse activamente en esta discusión. Organizaciones campesinas, productores, gremios, autoridades municipales, organizaciones ambientales, propietarios y habitantes de Sabana Centro deben conocer y evaluar las razones técnicas y jurídicas detrás de estas decisiones y exigir que cualquier modificación garantice la protección efectiva de los suelos estratégicos para producir alimentos.

En particular, invitamos a revisar el proyecto de resolución del Ministerio de Agricultura y sus anexos técnicos y, si existen observaciones, comentarios o solicitudes de aclaración, presentarlos directamente en SUCOP antes del 16 de septiembre. La participación ciudadana es fundamental para evitar que la eliminación de las APPA se convierta en un retroceso en la protección del territorio rural.

La autonomía territorial y la seguridad jurídica son importantes, pero no pueden construirse a costa de perder los suelos que producen nuestros alimentos.

Organizaciones de amplia trayectoria en el acompañamiento de luchas agrarias se articulan para construir la hoja de ruta de la Red

La Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria reunió el pasado martes 1 de septiembre en las instalaciones del CINEP a organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, académicas y jurídicas con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos, la justicia territorial y los derechos de las comunidades campesinas y los pueblos étnicos del país.

Además de ser un espacio para socializar la red, en términos de su composición, estrategias de trabajo y priorización territorial, el encuentro permitió realizar una lectura común sobre los desafíos que enfrenta en la actual coyuntura política la continuidad de la Reforma Agraria y articular capacidades para proteger sus avances, responder a posibles retrocesos y mantener la cuestión agraria en el centro del debate público.

Frente a las alertas identificadas en el espacio que advierten la temprana adopción de medidas de contrarreforma por parte del nuevo gobierno, la Red se plantea como un espacio plural de articulación para la defensa jurídica, política, territorial y social de la Reforma Agraria.

UNA RED QUE REÚNE EXPERIENCIA

En el espacio de trabajo se presentaron líneas de análisis y propuestas de articulación para la defensa de la reforma agraria por parte de Dejusticia, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el Instituto Popular de Capacitación (IPC), el Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos (ILSA), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), CODHES, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), el Observatorio de Tierras, el CINEP, el Instituto de Estudios Agrarios Yamile Salinas, Pastoral Social-Caritas Colombia, la Corporación Jurídica Yira Castro, Censat Agua Viva y Vivamos Humanos, entre otras.

Existe un diagnóstico común sobre el riesgo de aumento de las violencias contra beneficiarios de reforma agraria en las regiones en las cuáles el gobierno anterior priorizó la política de redistribución de tierras. En particular, las alarmas se concentran en las zonas donde la Agencia Nacional de Tierras (ANT) realizó compra y redistribución de tierras provenientes de procesos de extinción de dominio, bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), o o del Fondo de Reparación a la Víctimas (FRV).

También se compartieron las alertas asociadas a posibles cambios en el régimen agrario, el desconocimiento de los sujetos de la reforma agraria, la desprotección del suelo rural agropecuario, la reconcentración del crédito agropecuario y otros activos productivo, todo en un marco de ajuste institucional regresivo para la política de reforma agraria.

Para atender a estos desafíos, la Red presentó sus 4 líneas de trabajo:

CUATRO PILARES QUE EXIGEN CONTINUIDAD DE ESTADO

El encuentro destacó también cuatro pilares que no pueden quedar sujetos a la voluntad del gobierno de turno 1) el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de derechos y de especial protección; 2) el CONPES de Reforma Agraria, que articula a 21 entidades y 14 sectores; 3) el Pacto por la Tierra, el Agua, el Territorio, el Ambiente y la Vida y 4) el Plan Decenal de Reforma Agraria y Acuaria 2026–2036. Estos instrumentos consolidan una arquitectura jurídica, política e institucional que compromete al Estado con la continuidad de la redistribución de la tierra, la garantía de los derechos territoriales y una acción sostenida más allá de un periodo presidencial.

La Red se propone evitar que estos pilares sean desconocidos, desfinanciados o vaciados de contenido. Para ello será necesario vigilar su cumplimiento, defenderlos jurídica y políticamente, exigir información pública y activar la participación reforzada de los sujetos de la Reforma Agraria frente a posibles medidas regresivas. Su continuidad responde a derechos constitucionales, compromisos institucionales y acuerdos construidos con los pueblos y comunidades rurales.

LO QUE SIGUE

Atendiendo a todo lo anterior, el espacio permitió dar inicio a una ruta de articulación estratégica entre las organizaciones participantes, que sumaron desde su experiencia otras variables de análisis y acción para robustecer la apuesta común de defensa de la reforma agraria. Esta hoja de ruta se desplegará en el territorio nacional, con especial atención de las regiones en las cuáles se centraron en la administración anterior los esfuerzos de redistribución, restitución y recuperación de tierras en el país, conectando el trabajo territorial con herramientas jurídicas, información pública e incidencia nacional.

Se acordó concentrar esfuerzos en defender las tierras entregadas, las territorialidades y los instrumentos de protección agraria; acompañar procesos amenazados por presiones extractivas; y producir análisis conjuntos sobre violencia, regresividad normativa y debilitamiento institucional.

El reto ahora es llevar esa agenda a los territorios, articular responsabilidades y fortalecer la coordinación y la incidencia pública de la Red. El propósito es anticiparse a posibles retrocesos y ampliar el respaldo social y político a la Reforma Agraria como causa nacional.