Comunicado 001
EL CRIMEN ORGANIZADO VUELVE POR LAS TIERRAS DE LA REFORMA AGRARIA
La Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria alerta al país sobre el inicio de una operación de alcance nacional mediante la cual estructuras del narcotráfico y del crimen organizado buscan reapropiarse, a través de maniobras judiciales, presiones institucionales y violencia directa, de las tierras que durante los últimos años dejaron de estar bajo su control y fueron destinadas a campesinos y campesinas en el marco de la Reforma Agraria.
En cumplimiento de la Constitución y del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha adelantado uno de los mayores esfuerzos institucionales de las últimas décadas para recuperar y destinar a la Reforma Agraria predios provenientes del Fondo para la Reparación de las Víctimas y del FRISCO, integrado por bienes del narcotráfico y otras economías criminales sometidos a procesos de extinción de dominio.
En desarrollo de esa política, la Agencia Nacional de Tierras ha gestionado la transferencia de predios con sentencia de extinción de dominio y la adquisición anticipada de otros aún vinculados a esos procesos, cuando permanecían bajo el control de estructuras criminales. Según cifras oficiales, por esta vía se han adquirido o se encuentran en proceso de adquisición 97.875,29 hectáreas, de las cuales 54.291,58 hectáreas ya fueron destinadas a 2.481 familias campesinas, mediante adjudicaciones definitivas y mecanismos de entrega provisional previstos por el ordenamiento jurídico para garantizar el uso social de estos bienes y evitar su ocupación indebida o su deterioro.
Desde mayo de 2026, y con mayor intensidad tras los recientes resultados electorales, hemos identificado un patrón nacional que combina tres fenómenos:
- Amenazas, hostigamientos y acciones armadas contra familias beneficiarias para obligarlas a abandonar los predios.
- Campañas jurídicas y mediáticas dirigidas a cuestionar la legalidad de las entregas realizadas en el marco de la Reforma Agraria.
- Presiones orientadas a revertir decisiones administrativas y judiciales para facilitar el retorno de estos bienes a antiguos testaferros o estructuras del narcotráfico.
La contrarreforma agraria ha comenzado con un nuevo intento de despojo: recuperar para el crimen organizado las tierras que el Estado arrebató a las economías ilícitas para ponerlas al servicio de la Reforma Agraria.
Convocamos a los Comités Municipales de Reforma Agraria, organizaciones campesinas, plataformas sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, redes de abogados, universidades y medios de comunicación a acompañar a las comunidades, documentar estos hechos y activar mecanismos de protección.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y a la comunidad internacional mantener especial vigilancia sobre la vida, la integridad y la permanencia en el territorio de las 2.481 familias beneficiarias de estos procesos.
La Red Nacional por la Defensa de la Reforma Agraria activa desde hoy su sistema de monitoreo y alertas tempranas sobre los predios rurales provenientes de procesos de extinción de dominio destinados a la Reforma Agraria, y pone a disposición de la ciudadanía el correo rednal.reformaagraria@gmail.com para recibir y acompañar denuncias relacionadas con amenazas, intimidaciones y hechos de violencia.
¡Ni una hectárea atrás, ni un derecho atrás!
ALERTAS
12 de julio de 2026 – Bolívar – Predio Cachenche: fueron activados artefactos explosivos en el área destinada a proyectos productivos administrados por la SAE.
11 de julio de 2026 – Valle del Cauca – Cali: fue asesinado el abogado y asesor de la Agencia Nacional de Tierras, Ciro David Paz Banguero, vinculado a procesos de acceso a tierras y acompañamiento territorial.
25 de junio de 2026 – Meta – Predio La Primavera, Puerto López: hombres armados irrumpieron en la vivienda de una familia beneficiaria, la retuvieron durante varias horas, ejercieron tortura, y destruyeron sus medios de subsistencia.
25 de junio de 2026 – Antioquia – Campamento: un contratista de la Agencia Nacional de Tierras recibió amenazas atribuidas a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
25 de junio de 2026 – Valle del Cauca – Consejo Comunitario Zabaletas, Tuluá: integrantes de las comunidades afro beneficiarias de tierras entregadas por la ANT denunciaron amenazas e intimidaciones para abandonar los predios.
25 de junio de 2026 – Córdoba – Hacienda La Palmira: familias campesinas beneficiarias denunciaron amenazas directas de muerte y presiones para abandonar el predio recuperado por la ANT.
5 de mayo de 2026 – Valle del Cauca – Predio La Regina, Yotoco: fueron asesinadas tres personas en un predio administrado por la SAE y ocupado por familias campesinas y rurales.
