Contrarreformas agrarias Made in Miami

Convertida en “la Wall Street del Sur”, Miami se posiciona como sede de grandes fondos de inversión que tienen entre sus objetivos prioritarios el control de las tierras, los territorios y proyectos energéticos, mineros y agroindustriales en América Latina.

Las intervenciones desde altos círculos políticos y económicos de Estados Unidos en los procesos electorales de Honduras, Perú y Colombia han quedado expuestas; como lo ha hecho evidente el secretario de Estado Marco Rubio, cuya base política en Miami converge con los intereses de inversionistas internacionales y sus operadores políticos.

Esta ofensiva política se articula con la financiarización de la economía mundial que permite altos niveles de especulación y acumulación con la compraventa de tierras. La concentración de la propiedad de la tierra no solo incrementa la renta del suelo por encima de la rentabilidad de la inversión agroindustrial propiamente dicha, sino que facilita mecanismos de control territorial mediante los cuales quedan subordinados los pequeños propietarios y poseedores a las empresas agroindustriales, financieras y comerciales vinculadas a los mismos capitales.

Además, la acumulación del capital financiero también se sostiene en la apropiación por desposesión de territorios indígenas y campesinos, mediante la violencia, las maniobras jurídicas y la imposición de marcos legales favorables a los grandes inversionistas. Desde la “Wall Street del Sur” no sólo se dirigen capitales, sino que también se orientan las agendas legislativas y decisiones gubernamentales para garantizar su expansión. Esta convergencia política y económica se ha formalizado bajo el nombre de “Escudo de las Américas” y ya opera en Honduras, Bolivia, Argentina y Ecuador, y ahora en Colombia.

EN HONDURAS

El Decreto Legislativo 107 de 2026, promulgado el 26 de junio bajo el argumento de “fortalecer el sector agroindustrial”, convirtió los intereses del agronegocio, la ganadería y los proyectos energéticos en fundamento para blindar predios frente a medidas de Reforma Agraria. Apenas cinco días después, la Policía anunció el desalojo de mil fincas ocupadas por comunidades campesinas e indígenas, evidenciando que la norma no busca ordenar el territorio, sino despejarlo para la expansión del capital.

Como antesala del Decreto, el 21 de mayo fueron masacrados en la comunidad de Rigores 17 campesinos, entre ellos tres menores de edad y tres campesinas. Se trata de una región históricamente marcada por los conflictos por la tierra, la expansión de la agroindustria de la palma aceitera y las actividades de redes criminales. La secuencia es reveladora pues primero opera la violencia sobre las comunidades y después se crean las condiciones jurídicas para consolidar su despojo.

Frente a eso, la Central Nacional de Trabajadores del Campo de Honduras denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la grave situación que enfrentan miles de familias campesinas en Honduras, amenazadas de despojo y desplazamiento forzado. Asimismo, denunció la masacre y exigió derogar el Decreto Legislativo 107, suspender las órdenes de desalojo e investigar la masacre de Rigores.

EN BOLIVIA

La Ley 1720 de 2026 fue aprobada en marzo y promulgada en abril por el presidente Rodrigo Paz ante sus principales impulsores, los agroindustriales exportadores, en medio de la inauguración de la Agropecruz, el mayor evento de ganado de alta genética del país, que se lleva a cabo en Santa Cruz de la Sierra. El escenario sintetizó el sentido político de la medida, que era nada más ni nada menos que entregar a los grandes poderes agroindustriales una herramienta para transformar el régimen campesino de propiedad.

La propiedad campesina es una categoría protegida por la Constitución boliviana porque su razón de ser no es la especulación, la concentración de la tierra o la acumulación de capital, sino la subsistencia y reproducción de la unidad familiar y la comunidad campesina. El campesino no se concibe como propietario aislado, sino como parte de una organización colectiva. La Ley 1720 buscó desmontar esa protección familia por familia y abrir una ruta de descampesización del territorio.

También conocida como Ley 157 por el número del proyecto de ley, la norma permitía que un campesino se declarase “mediano propietario” o “empresario”, sin que modificara la extensión de su parcela ni el carácter de su unidad productiva. En 10 días, y sin más controles, la condición de su predio se cambiaba de forma “irreversible”, para que pudiera ser entregado en garantía a los bancos o transferida su propiedad a terceros.

El objetivo fue claro: abrir el camino para que los grandes terratenientes y empresarios pudieran acaparar legalmente tierras que hoy están en manos de campesinos. A través de mecanismos legales aparentemente “técnicos”, se buscó flexibilizar las condiciones para transferir las parcelas y permitir hipotecas y compraventas que, en los hechos, terminan desplazando a las comunidades rurales.

Se quiere provocar un nuevo proceso de concentración de la tierra, en el que los pequeños serán presionados, condicionados o empujados a ceder sus parcelas frente al avance del poder económico.

Las organizaciones campesinas se levantaron contra semejante golpe a los derechos del campesinado. Respondieron inicialmente con una marcha desde Pando y Beni. El gobierno tuvo que emitir el decreto 5613, que garantiza la pequeña propiedad asegurando su indivisibilidad y ratifica su carácter de patrimonio familiar. Las protestas continuaron y se extendieron a todo el campesinado del país, lo que obligó en mayo a la Asamblea Nacional a anular la Ley 1720.

EN ARGENTINA

Se acaba de aprobar una nueva ley de tierras, bautizada como Ley de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, que restringe la capacidad del Estado para intervenir sobre la estructura agraria: limita la declaración de predios como bienes de utilidad pública, encarece las expropiaciones mediante mayores indemnizaciones y acelera los desalojos de ocupantes al someterlos a juicios sumarios. La propiedad privada queda así reforzada frente a la función social de la tierra y los derechos de quienes la habitan y trabajan.

El proyecto original del gobierno de Javier Milei pretendía avanzar todavía más habilitando el aprovechamiento económico de tierras deforestadas por incendios y eliminar los límites a la adquisición de tierras por extranjeros. Sin embargo, una movilización popular de gran magnitud logró frenar estas dos disposiciones, pero no impidió la aprobación del núcleo regresivo de la reforma.

El Gobierno presentó la iniciativa como una vía para atraer USD 15.000 millones de inversión extranjera al sector rural, pero detrás de esa promesa se encuentra una operación política más profunda: reducir la capacidad pública de ordenar y redistribuir la tierra, acelerar la expulsión de ocupantes y ampliar el acceso del capital financiero internacional al territorio.

EN ECUADOR

El gobierno de Noboa degradó el Ministerio de Agricultura y trasladó sus funciones a un Viceministerio del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. También propuso e hizo aprobar una Ley Orgánica para el fomento de la minería. Además, firmó el Acuerdo de Comercio Recíproco con Estados Unidos.

Por otra parte, Noboa ha presentado un proyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agropecuario que afecta los instrumentos de protección al sector, como los precios de sustentación, el acceso al crédito y la participación del Estado en la regulación de la actividad agrícola. Este proyecto elimina la categoría campesinado, dejando sólo el término genérico “productores”.

Las organizaciones campesinas y de pequeños y medianos propietarios de Ecuador se pronunciaron, mediante un pliego de 13 puntos, en contra del conjunto de medidas ya adoptadas y del proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario, al advertir que amenazan la soberanía alimentaria y los derechos del campesinado.

EN COLOMBIA

Abelardo De La Espriella anuncia una “ampliación de la frontera agrícola en millón y medio de hectáreas” especialmente en la Altillanura, y declara que “la reforma agraria es un fracaso”. Su vicepresidente añade que es “falsa” y publica un “libro” que declara “corrupción” que las tierras acaparadas por los narcos sean entregadas a los campesinos. Repiten a la letra el libreto de hace 55 años, cuando, para echar atrás el proceso de reforma agraria del Incora, activado a partir de la Ley 1 de 1968, se formó un “comité de expertos” que declaró la reforma agraria “inocua” y cuestionaba al Incora por la demora legal en la entrega de escrituras a los campesinos.

En 1972, tras el Pacto de Chicoral entre los partidos tradicionales y los gremios, se desmontó la reforma agraria hasta donde lo permitió la lucha y movilización campesina. Se asumió que la colonización de la selva era la alternativa a la redistribución de la tierra. El resultado del Chicoralazo fue la deforestación de la Amazonia y otros bosques, la extensión del conflicto armado y la expansión de los cultivos ilegales.

Desde la Wall Street del Sur se impone ahora frenar el proceso de reforma agraria iniciado por el gobierno de Petro y sustituirlo por la antigua receta de ampliación de la frontera agrícola. Se anuncian normas especiales sobre propiedad y títulos de tierra en la Altillanura que generen suficientes condiciones a los inversionistas y se deja de dirigir los programas al campesinado, para volver al discurso de convertir a los pequeños productores en empresarios.

¿Permitirán las organizaciones campesinas, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas la reincorporación de Colombia al mundo de la contrarreforma agraria y los inversionistas internacionales, o se levantarán, como en el Paro Nacional Agrario de 2013 o en 1971?

En la Wall Street del Sur y en Washington, mientras tanto, se planea la invasión a Cuba, con la expectativa de revertir definitivamente la reforma agraria revolucionaria y reinstalar a las trasnacionales y al dominio mafioso en la isla. Esta vez, bajo la coordinación del expresidente hondureño indultado por Trump.