AnálisisBoletín Agrario 002
La contrarreforma agraria comienza con desinformación
El gobierno de Espriella ha tendido un manto de duda sobre los avances de la reforma agraria alcanzados y consolidados durante los últimos cuatro años.
Los cuestionamientos a la gestión de tierras del saliente gobierno Petro revelan el interés de regresar al país en el que la redistribución de la tierra fue sustituida por la simple formalización; en el que se paralizaron los procesos para recuperar los baldíos de la Nación (tierras del Estado sin dueño) acumulados de forma indebida y en contra de la ley; en el que la autoridad agraria dejó de ejercer sus funciones para administrar los bienes baldíos y fiscales; y en el que las cifras sobre la gestión de tierras permanecieron ocultas o fueron contabilizadas más de una vez para inflar los indicadores y generar una percepción engañosa sobre los avances alcanzados.
Hay un hecho que hoy resulta imposible desconocer: fue durante el gobierno de Gustavo Petro que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural inició una revisión técnica detallada de las cifras de gestión de tierras. Este proceso permitió corregir, comparar y aclarar la información, así como hacer públicas las cifras sobre la gestión, administración, recuperación, formalización y adjudicación (entrega legal de tierras) en el país.
La discusión sobre la reforma agraria debe darse sobre la base de datos verificables, públicos y técnicamente consistentes. No se puede cuestionar una política pública mediante la manipulación o el desconocimiento de la información que permitió, precisamente, hacer transparentes sus resultados.
La contrarreforma no empieza solamente cuando se eliminan políticas o se frenan procedimientos. También empieza cuando se intenta convertir los avances alcanzados en cifras cuestionables, negar sus resultados y convencer al país de que nada cambió.
LAS CIFRAS ENGAÑOSAS QUE RECIBIÓ EL GOBIERNO PETRO
Durante el gobierno de Iván Duque, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entonces dirigida por Myriam Martínez, proveniente del sector de los cultivadores de palma y quien, según se ha anunciado, podría regresar al gobierno de Espriella, fue cuestionada públicamente por la forma en que reportaba sus cifras. Una misma actuación llegó a contabilizarse para los dos indicadores de tierras del Acuerdo de Paz: 3 millones de hectáreas para redistribución a través del Fondo de Tierras y 7 millones para formalización.
Contabilizar una misma actuación en ambos indicadores infló los resultados y abrió una verdadera caja de Pandora: al cierre del gobierno Duque, resultaba imposible establecer con certeza cuánto de lo reportado correspondía realmente a redistribución y cuánto a formalización. La Procuraduría General de la Nación confirmó en su momento esta situación, al advertir que el 99 % de las hectáreas reportadas presentaban problemas de contabilización o correspondencia con los indicadores.
SIN BUENOS DATOS NO HAY POLÍTICA PÚBLICA
Una reforma agraria seria necesita datos confiables, verificables y transparentes. Sin información clara sobre cuánta tierra se recupera, se formaliza, se adjudica o se redistribuye, no es posible medir resultados, corregir errores ni tomar decisiones acertadas. Depurar y hacer públicas las cifras no es un ejercicio menor: es una condición indispensable para que la política de tierras pueda ser evaluada y para impedir que la desinformación sustituya a la evidencia.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se dieron dos pasos fundamentales para lograrlo:
- La actualización de los indicadores para contar con una medición rigurosa del avance de la política pública y
- La creación del Contador de la Reforma Agraria, una herramienta orientada a garantizar mayor transparencia y seguimiento sobre la gestión de tierras.
INDICADORES CLAROS PARA UNA REFORMA AGRARIA TRANSPARENTE
Una revisión técnica exhaustiva permitió actualizar las fichas técnicas de los indicadores del SIIPO que medían las metas de redistribución y formalización de tierras. Se precisaron las fuentes, los procedimientos y los criterios para medir estrictamente la entrega de tierras a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, diferenciándola de los procesos de formalización de la propiedad.
La depuración reveló que los reportes de cumplimiento con corte a 2022 estaban significativamente exagerados:
- Meta de 3 millones de hectáreas adjudicadas: el avance verificable era de 18.807 hectáreas, frente a las 485.349 hectáreas reportadas inicialmente en el SIIPO.
- Meta de 7 millones de hectáreas formalizadas: el avance verificable era de 1.836.734 hectáreas, frente a las 2.612.983,8 hectáreas reportadas inicialmente.
El proceso adelantado en los últimos cuatro años permitió depurar estas cifras y, por primera vez, establecer un punto de partida preciso y verificable para medir el cumplimiento de las metas de redistribución y formalización de tierras.
LAS CUENTAS DE LA TIERRA A LA VISTA DE TODXS
Durante el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Agricultura puso en marcha el Contador Oficial de la Reforma Agraria, una herramienta de transparencia que hace pública la gestión de tierras y permite consultar los avances con base en información respaldada por las bases de datos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
El Contador permite consolidar y presentar, con trazabilidad y rigor técnico, los avances en la adquisición, recuperación y transferencia de predios destinados al Fondo de Tierras; la adjudicación a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente; la formalización de la propiedad rural, así como la gestión realizada por otras entidades del Estado, entre ellas la SAE y la Unidad de Restitución de Tierras.
Las plataformas SIIPO y SINERGIA, encargadas del seguimiento al Acuerdo de Paz y al Plan Nacional de Desarrollo, registran principalmente los resultados una vez los títulos han sido debidamente inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP). El Contador permite, en cambio, hacer visible el conjunto de actuaciones que hacen posible que la tierra llegue finalmente a sus beneficiarios.
El Contador presenta, entre otros, tres grandes grupos de información:
- Tierras que ingresan al Fondo de Tierras, clasificadas según su fuente:
- Compra directa de tierras a particulares —incluidas las compras realizadas en el marco del acuerdo con Fedegán—, al Fondo para la Reparación de las Víctimas y al FRISCO, diferenciando las compras perfeccionadas de aquellas con oferta aceptada y registro presupuestal.
- Transferencias de predios rurales a la ANT, incluidos predios provenientes del FRISCO, donaciones y predios transferidos en el marco del Decreto 888 de 2025.
- Procesos agrarios especiales de clarificación, deslinde (delimitación de linderos), extinción de dominio y recuperación de baldíos con decisión de fondo.
- Tierras distribuidas a beneficiarios de la reforma agraria, provenientes del Fondo de Tierras, como parte del cumplimiento de la meta de 3 millones de hectáreas.
- Formalización de la propiedad rural, correspondiente a los avances en la meta de 7 millones de hectáreas.
El Contador representa así un cambio fundamental: la gestión de tierras deja de ser una cifra cerrada en informes institucionales y se convierte en información pública, trazable y abierta al seguimiento ciudadano. Preservar este mecanismo de conteo y la metodología que lo respalda es fundamental para garantizar que la ciudadanía pueda ejercer un control efectivo sobre la gestión de la tierra y verificar, con información clara y verificable, el cumplimiento de las metas de la reforma agraria.
¿SE AVANZÓ EN LA REFORMA AGRARIA?
Sí. Las cifras disponibles en el SIIPO muestran avances significativos durante el gobierno de Gustavo Petro.
- En la meta de 3 millones de hectáreas adjudicadas, se registraron 98.148 hectáreas, equivalentes al 84 % de las 116.955 hectáreas entregadas desde 2017 a 2026.
- En materia de formalización, frente a la meta de 7 millones de hectáreas, el gobierno Petro alcanzó 1.544.655 hectáreas, equivalentes al 46 % de las 3.351.448 hectáreas formalizadas desde 2017.
Estas cifras muestran que durante el gobierno de Gustavo Petro se produjeron avances particularmente importantes en materia de redistribución de tierras. Sin embargo, es importante precisar que corresponden a lo reportado por el SIIPO y, por tanto, contabilizan únicamente los títulos inscritos en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos (ORIP).
El Contador de la Reforma Agraria incorpora un universo más amplio de actuaciones y permite mostrar, además, las entregas provisionales realizadas por la ANT, las entregas definitivas pendientes de registro, los procesos de formalización en trámite de inscripción y los derechos de ocupación otorgados en áreas inadjudicables (que no se pueden entregar en propiedad), como una forma legítima de reconocimiento de la tenencia (posesión y uso) rural.
El 84 % de lo avanzado se logró en el gobierno de Gustavo Petro.
¿QUÉ DICE EL CONTADOR DE LA REFORMA AGRARIA SOBRE LA GESTIÓN DE TIERRAS?
Fondo de Tierras
El Contador permite conocer el conjunto de actuaciones realizadas para proveer el Fondo Nacional de Tierras, más allá de las hectáreas que ya cuentan con título registrado.
A corte del 14 de julio de 2026, el Contador registra 826.735 hectáreas incorporadas o destinadas al Fondo de Tierras, provenientes de tres fuentes principales:
- 462.351 hectáreas mediante compra directa, 29.026 hectáreas mediante transferencias gratuitas y 335.358 hectáreas a través de procesos agrarios especiales. 335.358 hectáreas a través de procesos agrarios especiales.
Ver las cifras del gráfico en una tabla
| Compra directa | 462,351 |
|---|---|
| Trasnferencias gratuitas | 29,026 |
| Procedimientos agrarios especiales | 335,358 |
Distribución de tierras
El Contador también permite identificar 358.456,9 hectáreas destinadas al acceso a tierras para personas sin tierra o con tierra insuficiente, incluyendo actuaciones que aún no aparecen como títulos registrados. Estas corresponden a:
- 213.267,1 hectáreas en entregas provisionales,
- 97.179,5 hectáreas en entregas definitivas registradas en las ORIP,
- 47.041,7 hectáreas en entregas definitivas con acto administrativo pendientes de registro y 968,6 hectáreas otorgadas mediante subsidios para la compra de tierras.
Formalización de la propiedad rural
El Contador permite identificar 2.370.161,7 hectáreas vinculadas a procesos de formalización de la propiedad rural, en el marco de la meta de 7 millones de hectáreas. Estas corresponden a 1.244.771,6 hectáreas de títulos expedidos y registrados durante el gobierno actual, 758.916 hectáreas de títulos expedidos pendientes de registro, 299.883,3 hectáreas de títulos anteriores registrados durante el gobierno actual y 66.590,8 hectáreas correspondientes a la reglamentación del uso de Sabanas y Playones Comunales.
¿POR QUÉ EL GOBIERNO ENTREGÓ TIERRAS DE MANERA PROVISIONAL?
La entrega provisional respondió a una decisión política y administrativa: poner la tierra a producir en manos de campesinos y campesinas sin tierra o con tierra insuficiente, sin esperar a que terminaran todos los trámites necesarios para la transferencia definitiva.
La transferencia definitiva de un predio puede requerir procesos complejos de saneamiento jurídico y material (resolver problemas legales y físicos del terreno), trámites notariales y registrales, y la solución de obligaciones pendientes, como impuestos o servicios públicos. Culminar estos procesos puede tomar tiempo, especialmente cuando se trata de predios que la ANT debe regularizar antes de su entrega definitiva.
Por ello, mientras se completan estos procedimientos, la ANT ha utilizado instrumentos jurídicos que reconocen derechos válidos de uso, ocupación y aprovechamiento de la tierra. Estos títulos permiten que las familias puedan permanecer, trabajar y producir en los predios mientras avanza el saneamiento y la transferencia definitiva.
La provisionalidad, por tanto, no significa que los derechos de los campesinos sean provisionales. Los derechos reconocidos mediante estos instrumentos deben ser respetados y protegidos por las autoridades administrativas y judiciales, y garantizan el ejercicio efectivo de los derechos sobre la tierra mientras culminan los procedimientos necesarios para su consolidación definitiva.
ALERTAS
No paran los intentos de recuperar ilegalmente los predios de la mafia
De manera reiterada y sistemática, las personas que han ocupado y usufructuado ilegalmente predios de propiedad de la Nación, derivados de procesos de extinción de dominio, buscan, mediante engaños, desalojar a los tenedores beneficiarios de la Reforma Agraria que adelantan proyectos productivos y cuentan con una autorización legal otorgada por la autoridad de tierras.
Así, el pasado viernes 31 de julio, en Cimitarra, Santander, una persona que se identificó como “juez de paz” de Bogotá hizo presencia en la estación de Policía del municipio y solicitó apoyo para efectuar un supuesto “desalojo” ordenado por su despacho. Los documentos presentados previamente durante una “diligencia de notificación”, así como aquellos con los que se pretendió acreditar la calidad de supuesto juez, son fraudulentos, en tanto hacen referencia a competencias en materia de tierras que exceden las funciones de los jueces de paz y atribuyen falsamente al funcionario una pertenencia a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El predio San Antonio de Morroa fue entregado legalmente por la Agencia Nacional de Tierras a firmantes de paz que hacen parte de la asociación productiva ECOGAN, quienes desarrollan un proyecto productivo en estas tierras.
El domingo 2 de agosto, se conoció una nueva denuncia de campesinos integrantes de FENSUAGRO, en Sevilla, Valle del Cauca, que daba cuenta de la llegada de personas a la Hacienda Las Américas con el propósito de presionar su salida del predio. En tono intimidante, estas personas afirmaron: “La ANT tuvo funciones hasta cierto momento, y todo el proceder de la ANT, todo eso lo tumbó la Corte”.
Además de la denuncia pública, las comunidades han iniciado acciones judiciales ante las autoridades competentes con el fin de esclarecer las responsabilidades, prevenir el despojo y salvaguardar sus derechos como beneficiarios de la Reforma Agraria.
