Colombia debe prepararse: viene una contrarreforma agraria

En los últimos cuatro años Colombia recuperó el lugar de la reforma agraria: el centro de la justicia social, la democratización de la tierra y la producción de alimentos. Quienes históricamente trabajan la tierra volvieron a recibirla para sembrar, producir y sostener la vida. Pocas veces en la historia de la República se ha avanzado de manera tan decidida en la reparación de una deuda con campesinos, pueblos indígenas, comunidades negras, pescadores y víctimas del despojo. No fue un camino fácil, pues cada intento de justicia sobre la tierra —1944, 1972 y 1996— enfrentó poderosos intereses que, mediante la violencia y el bloqueo institucional, promovieron el despojo, la concentración y el acaparamiento sistemático de la propiedad rural.

Los avances recientes de la reforma agraria permitieron hacer visibles prácticas que durante décadas permanecieron ocultas o fueron toleradas por el régimen: la apropiación indebida de baldíos; el acaparamiento de playones y sabanas comunales; así como predios de alta vocación agropecuaria en manos de testaferros y estructuras vinculadas al despojo. Una parte importante de estos bienes fue identificada y recuperada para retornar al patrimonio público y cumplir su función social y ecológica, mediante su entrega a comunidades campesinas, pescadoras y productoras de alimentos.

Hoy Colombia avanzó también en proteger los suelos con vocación alimentaria; reconoció, tras décadas de silencio cómplice, las territorialidades campesinas; amplió y fortaleció los títulos de pueblos indígenas y comunidades negras; y devolvió la dignidad a las víctimas de desplazamiento a quienes antes se les negaba el acceso al registro de tierras despojadas.

Tras el proceso electoral, se han registrado hechos que encienden serias alertas sobre la continuidad y la protección de la reforma agraria. Varios predios entregados han sido objeto de violencia y amenazas contra sus beneficiarios, acompañados de presiones orientadas a propiciar el retorno de antiguos propietarios. Al mismo tiempo, se han puesto en duda —en contravía del ordenamiento jurídico— los derechos legítimamente adquiridos por los beneficiarios; se ha pretendido desconocer el compromiso del Estado con la implementación del Acuerdo de Paz; se ha convocado a un ataque regresivo contra las normas de reconocimiento territorial de campesinos y pueblos indígenas; y se ha pedido expresamente desmontar la protección de los suelos para la producción de alimentos. De estos hechos se desprende con claridad una amenaza contrarreformista que promete conducir al país nuevamente hacia la violencia, el despojo y la concentración de la tierra.

Frente a este riesgo, resulta indispensable proteger con decisión y vehemencia los avances alcanzados por la reforma agraria, su legado redistributivo y la ruta hacia la justicia en el campo colombiano, para consolidar un pacto por la tierra y la vida, integral y popular. ¡Es imperativo que las fuerzas democráticas enfrenten los vientos contrarreformistas reafirmando la decisión indeclinable de cosechar la paz!

ALERTAS

La situación de Derechos Humanos en los predios de la reforma agraria preocupa de manera particular

Las comunidades vienen denunciando, con creciente frecuencia, graves hechos de violencia que amenazan su vida, su integridad y su permanencia en los predios entregados a organizaciones campesinas en el marco de la reforma agraria. Entre las situaciones se encuentran la presencia de hombres armados, restricciones a la movilidad, secuestro y tortura de personas, amenazas e intimidaciones directas contra beneficiarios, daños a bienes de las familias y, en el predio Cachenche (Turbaná, Bolívar), la activación de artefactos explosivos para afectar proyectos productivos y sembrar terror.

El 11 de julio de 2026, en Cali, fue asesinado Ciro David Paz Banguero, abogado y asesor de la Agencia Nacional de Tierras, quien acompañaba procesos territoriales de acceso a la tierra.

Estos hechos comparten un rasgo distintivo: ocurren en predios recuperados de la tenencia y explotación irregular de organizaciones criminales, hoy en manos de campesinos. El patrón de sistematicidad evidencia que su motivación es la recuperación de esas tierras por la vía de la violencia.

LAS APPA DEBEN SER PROTEGIDAS

Voces de la ultraderecha piden revocar y derogar las resoluciones que declararon las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA/APPA). Su eventual derogatoria pondría en riesgo la protección de los suelos rurales con vocación para la producción de alimentos y afectaría a la población campesina, a los productores agropecuarios y a la garantía del derecho humano a la alimentación, frente a intereses mineros e inmobiliarios.

Además, implicaría retroceder en el fortalecimiento de las actividades agrícolas, agroalimentarias, agroindustriales, agroecológicas, pecuarias, pesqueras y forestales que garantizan la disponibilidad de alimentos en el país. Sería una contrarreforma que aumentaría el riesgo de hambre y desnutrición.

EN RIESGO LAS ENTIDADES TERRITORIALES INDÍGENAS (ETI)

El anuncio de “derogatoria” de los regímenes especiales para los territorios indígenas de la Amazonía (áreas no municipalizadas) y la Zona Norte Extrema de la Alta Guajira es inconstitucional e improcedente: desconoce las circunstancias que motivaron su expedición.

El artículo transitorio 56 de la Constitución facultó al Gobierno para establecer un régimen especial mientras el legislador expide las normas necesarias para la creación de las entidades territoriales indígenas, un desarrollo que aún está pendiente. Estos instrumentos son la principal garantía de la autonomía, el gobierno propio y la administración de recursos de los pueblos indígenas. Su derogatoria sería un retroceso injustificado y una clara contrarreforma agraria en materia de territorios indígenas.

TRES AÑOS DE LA JURISDICCIÓN AGRARIA: ¡LA JUSTICIA AGRARIA NO PUEDE ESPERAR!

El 24 de julio de 2026 se cumplieron tres años del Acto Legislativo 03 de 2023, que incorporó la Jurisdicción Agraria y Rural (JAR) a la Constitución y abrió el camino hacia una justicia más cercana al campesinado, capaz de resolver los conflictos sobre la tierra y contribuir a democratizar la propiedad.

Su implementación ha enfrentado resistencias de algunos sectores de la rama judicial, gremios y políticos aliados del acaparamiento de tierras y del despojo, que buscan mantener el statu quo con pánicos legales y mitos. Según la Corte Constitucional, la JAR deberá entrar en operación a más tardar en 2027. El tiempo se agota. Por esta razón, el Pacto Histórico radicó nuevamente el Proyecto de Ley 031/26 Cámara, que retoma una idea central: la justicia no puede ser un veto a la reforma agraria, sino una garantía para quienes han sido históricamente desfavorecidos.

DE LAS MAFIAS A LA REFORMA AGRARIA: JUSTICIA PARA LAS POBLACIONES RURALES

Ante la demanda de nulidad admitida por el Consejo de Estado contra el Decreto 765 de 2026, vale recordar su importancia para la reforma agraria. El decreto reglamenta el saneamiento de predios adquiridos o transferidos a la Agencia Nacional de Tierras por motivos de utilidad pública e interés social (art. 31, Ley 160 de 1994) y hace operativo el mecanismo previsto en el artículo 245 de la Ley 1450 de 2011.

Lejos de ser un “atajo jurídico” o un ataque a la propiedad privada, el decreto busca evitar que problemas de títulos, gravámenes, medidas cautelares y obstáculos registrales mantengan inmovilizadas tierras con función social y ecológica, sin desconocer los derechos de terceros ni decisiones judiciales. Lo que está en juego con esta demanda no es la propiedad privada, sino la posibilidad de que esos bienes sirvan al campesinado o regresen a las mafias.